Defender la industrialización del gas, defender Tarija
El Gobierno plantea financiar la mitad del “plan de reactivación” defenestrando el proyecto de la petroquímica, que es la única alternativa para utilizar el gas y darle valor agravado ante el cierre de mercados de exportación
En medio de la pandemia y cuando – según las previsiones del Gobierno – quedan todavía muchas semanas de padecer los rigores de la enfermedad y los resultados de la falta de previsión, el Gobierno ha lanzado su plan de reactivación económica basado en cinco pilares, la mayoría muy en línea con la ortodoxia del FMI: “Dar capital de trabajo; crear empleo intensivo; incentivar emprendimiento; incentivar la compra estatal de productos bolivianos e impulsar "el ahorro de gastos innecesarios" según el propio Ministro de Desarrollo Productivo Óscar Ortiz.
El plan está dotado con 30.000 millones de bolivianos, de los que aproximadamente la mitad salen de una inversión que no solo es vital para romper la dependencia de la exportación del gas, sino que es la única inversión prevista para Tarija desde hace cinco años.
Efectivamente, el plan cuenta con la “reorientación” del crédito concedido por el Banco Central de Bolivia (BCB) con respaldo en las Reservas Internacional Netas (RIN) para construir la planta petroquímica de propileno y polipropileno en la Región Autónoma del Chaco.
¿Dónde está el Ministro de Hidrocarburos tarijeño, Víctor Hugo Zamora, que ha dado el visto bueno a reorientar una inversión de 14.000 millones de bolivianos en el Chaco para desperdigarlos en proyectos agroindustriales cruceños?
La planta forma parte del plan de industrialización del gas, para la que ya se construyó la planta separadora de líquidos, que acabó costando 800 millones de dólares y que resultará inútil en poco tiempo si no se completa el plan. La industrialización pasa por ser el proyecto más ambicioso de trasformación de la materia prima en proyectos finales. La industrialización es el camino para que Bolivia deje de depender de los vaivenes del mercado hidrocarburífero, pero también la alternativa para un gas natural que los mercados tradicionales – Brasil y Argentina – ya no necesitan porque han desarrollado sus propios proyectos autárquicos en el Presal y en Vaca Muerta y para el que no existe otro lugar para colocarse que no sea el mercado interno.
Evidentemente, los enemigos de la industrialización del país siguen apareciendo en cada esquina y los intereses de otras potencias y transnacionales parecen siempre estar bien salvaguardadas en Bolivia. El MAS truncó con demoras inexplicables en los últimos diez años el proyecto petroquímico del Chaco, y el Gobierno actual, transitorio, pretende defenestrarlo para siempre sin tener la legitimidad suficiente para ello.
¿Dónde está el Ministro de Hidrocarburos tarijeño, Víctor Hugo Zamora, que ha dado el visto bueno a reorientar una inversión de 14.000 millones de bolivianos en el Chaco para desperdigarlos en proyectos agroindustriales cruceños?
Salvo que el MAS decida traicionar definitivamente su espíritu fundacional, no parece probable que la Asamblea Legislativa Plurinacional dé el visto bueno a una “reorientación” de una inversión que castiga una vez más a Tarija y frustra cualquier ambición industrializadora en el país, a quien algunos solo quieren ver sembrando soya y maíz. ¿Por qué entonces el Gobierno opta por este mecanismo? Evidentemente, por el relato político que se generará con la discusión.
La pandemia arde, el Covid está lejos de salir de Bolivia y nadie en el Gobierno es capaz de presentar un plan que permita enfrentarlo. Quedan dos meses y medio para elecciones y hasta entonces, la lucha por la salud debería ser la prioridad mientras se toman medidas de contingencia que en tres meses apenas han funcionado. El largo plazo es bueno someterlo a las ánforas y que sean los ciudadanos los que definan cómo se debe salir de esta.
