Peter O’Toole Ford, ex socio Ferroviaria Oriental: tres juicios, dos países, un mismo argumento

El 29 de enero de 2019, la jueza Aleida Betty Sanabria Soria, del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Sexto de La Paz, decretó el arraigo de Peter Joseph O’Toole Ford. La medida fue solicitada por Raúl Daza Quiroga y otros trabajadores que demandaban a Constructora OTZ Ltda. el pago de beneficios sociales, empresa boliviana de la que O’Toole era socio mayoritario. La resolución incluyó anotación preventiva de bienes, embargo preventivo e inhibición general de bienes. El empresario irlandés no pagó ni compareció. En cambio, inició una trayectoria legal de más de tres años para anular el proceso invocando su condición de cónsul honorario de la República de Irlanda en Bolivia.

El 21 de julio de 2022, la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 0899/2022-S3, con la magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas como relatora. El tribunal revocó la resolución de primera instancia que había anulado el proceso laboral, denegó la tutela solicitada por O’Toole y dejó en pie el arraigo. La razón: O’Toole no había agotado los recursos procesales ordinarios antes de acudir a la justicia constitucional. Aplicado el principio de subsidiariedad excepcional, el TCP no entró al fondo del argumento sobre inmunidad consular. El proceso laboral, con su arraigo y su condena, quedó vigente.

Constructora OTZ Ltda. fue fundada el 22 de agosto de 1991 mediante Escritura Pública No. 110/91 ante la notaria Mercedes Alba Braun, con domicilio en La Paz. O’Toole la constituyó con un capital inicial de Bs 10.000, del que retuvo el 90% desde el primer día. El 10% restante perteneció durante los primeros diecinueve meses a Carlos Alejandro Serrate Valdivia —quien aparecería años después como director del periódico paceño La Razón cuando Gill Ramírez adquirió ese medio, también como representante legal de Inversoja cuando accionistas vinculados al MAS tomaron el control de Gravetal, luego apareció como Director Titular del directorio de Gravetal entre 2010 y 2014 bajo la presidencia de Juan Valdivia Almanza, y como director de FOSA bajo la presidencia del propio Gill Ramírez, y quien últimamente aparece como cabeza del Consulado honorario de la Federación de Rusia en el Estado Plurinacional de Bolivia— antes de transferir sus cuotas en marzo de 1993. Desde ese retiro, O’Toole fue el socio dominante y, al año de la fundación, su gerente general. La Sentencia 20/2021 del 30 de marzo de 2021 condenó a la empresa al pago de los beneficios sociales adeudados más la multa del 30% prevista en el decreto reglamentario.

La Convención de Viena como escudo

O’Toole llegó a Bolivia a principios de los años noventa con una formación en ingeniería civil obtenida en el Queen Mary College de la Universidad de Londres y en el Instituto Tecnológico Galway-Mayo (GMIT). Su argumento ante cada instancia tuvo dos líneas. Ante los trabajadores, sostuvo que era “tan solo accionista” y que no podía ser procesado personalmente por las deudas de la empresa. Ante el TCP, añadió los artículos 34, 41, 43, 48 y 65 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El artículo 48, en su interpretación, lo eximiría no solo de sus propias obligaciones laborales sino de las de cualquier empresa en que tuviera participación accionaria.

Los registros comerciales contradicen esa lectura. O’Toole constituyó OTZ en agosto de 1991 como socio fundador y mayoritario. Fue designado gerente general al año de la fundación y ratificado en el cargo en cinco asambleas entre 1993 y 2002. Ejerció la gerencia durante veinte años hasta su renuncia voluntaria en abril de 2011 y presidió las asambleas de socios hasta 2017. El argumento del accionista pasivo es difícil de sostener para el fundador que dirigió la empresa durante dos décadas.

La jueza de garantías de primera instancia —Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto— acogió su argumento en la Resolución 153/2021 del 1 de mayo de 2021, anulando todo el proceso laboral. Fundamentó la decisión en que la Convención de Viena es de cumplimiento obligatorio y que desconocer la condición diplomática del accionante constituía una “grave violación a la normativa internacional”. El TCP revocó esa resolución sin pronunciarse sobre el fondo de la inmunidad: O’Toole disponía de recursos procesales que no usó —específicamente, no apeló la Resolución 113/2019 que repuso el arraigo—. Su inacción procesal le cerró la vía constitucional, según el TCP.

El cargo de cónsul honorario no es, en este expediente, un dato biográfico. La sentencia SCP 0899/2022-S3 lo convierte en un elemento de análisis: O’Toole recurrió activamente a ese título ante el máximo tribunal constitucional boliviano como instrumento para extinguir obligaciones económicas con sus propios trabajadores. El proceso se extendió por más de tres años. El 8 de marzo de 2026, El País remitió preguntas formales al Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda sobre la compatibilidad de ese uso con los estándares que Irlanda exige a sus funcionarios consulares. Al cierre de esta investigación, no hubo respuesta.

Dos procesos, dos países, ninguna coordinación

La cronología del caso laboral tiene una dimensión que la sentencia no menciona. El arraigo de O’Toole fue impuesto el 29 de enero de 2019. Tres días antes, Manuel Cruzat Infante había enviado desde Santiago cartas formales a la ASFI y a AFP Futuro de Bolivia describiendo el mecanismo de lo que considera una adquisición fraudulenta de FOSA. Pero los problemas de O’Toole venían de más atrás: en noviembre de 2018, el Banco BISA S.A. había obtenido el embargo preventivo de la totalidad de sus cuotas en OTZ Ltda. y en Empresa Constructora Río Tinto S.A. por una deuda de 3.278.934 bolivianos. En los primeros meses de 2019, O’Toole acumulaba tres frentes simultáneos en dos países: arraigo por deudas laborales con sus propios trabajadores, participaciones empresariales embargadas por un banco boliviano, y condición de sindicado en una denuncia criminal en Chile por cohecho transnacional y apropiación indebida vinculada a Ferroviaria Oriental de Bolivia. Los tres sistemas —judicial boliviano laboral, judicial boliviano civil y fiscal chileno— ignoraban la existencia de los demás.

La denuncia criminal en Chile —RUC 1801065413-7— fue archivada provisionalmente a fines de 2019 sin que el fiscal Xavier Armendáriz citara a Gill ni a O’Toole a declarar. En Bolivia, el arraigo fue ratificado en octubre de 2019 y ejecutoriado —esto es, firme e inapelable— en marzo de 2020.

La compatibilidad entre ese arraigo y las actividades internacionales de O’Toole nunca fue examinada públicamente. El 30 de abril de 2019, noventa y un días después del arraigo, la empresa Clontarf Energy PLC —cotizada en el AIM de la Bolsa de Londres— anunció ante el regulador bursátil británico el nombramiento de O’Toole como Director No Ejecutivo con efecto inmediato. El anuncio, emitido bajo las AIM Rules mediante el servicio RNS de la London Stock Exchange, lo presentaba como el hombre con “contactos, habilidades y credibilidad” para negociar el litio boliviano e identificaba, por primera vez ante un regulador internacional de mercados de valores, su condición de ex director de Ferroviaria Oriental SA y de Trenes Continentales SA.

En los años siguientes, mientras el TCP procesaba su acción de amparo, Clontarf —empresa que en marzo de 2022 cambió su nombre a Guarani Sustainable Energy PLC, el mismo día en que O’Toole fue nombrado director de esa nueva razón social— lo mantendría como interlocutor activo ante el gobierno boliviano y la estatal YLB, al menos hasta 2024, pese a que la compañía presentó cuentas de empresa inactiva ante el registro mercantil británico en cada ejercicio desde ese año.

Un segundo evento dentro del mismo período refuerza la pregunta. El 15 de junio de 2019 —137 días después del arraigo—, O’Toole figura como asistente a una asamblea extraordinaria de Lesama S.R.L., en la que participó en representación de Aldi Inversiones Ltda. Los documentos notariales no especifican si esa asistencia fue personal o por representación escrita. Que el sistema judicial boliviano que lo arraigó y el gobierno boliviano que lo recibía como interlocutor de una empresa internacional operaran en compartimentos estancos no consta como excepción: es el patrón que recorre toda la trayectoria documentada.

El mismo argumento en dos escenarios distintos

El patrón que emerge de la comparación entre los casos FOSA y OTZ es coherente. En FOSA: Gill y O’Toole adquirieron acciones prendadas sin notificar al acreedor, financiaron la compra con recursos del activo adquirido y, cuando fueron demandados, afirmaron ser participantes menores cuyas disputas con CB Inversiones eran ajenas a su grupo. En OTZ: O’Toole era accionista mayoritario de una empresa con trabajadores en dependencia, la empresa no pagó los beneficios sociales y, cuando fue procesado, afirmó ser “tan solo accionista” sin responsabilidad personal, para luego añadir el escudo de la Convención de Viena. La estructura argumentativa es idéntica en ambos casos: usar la forma jurídica —accionista, no representante— para disociarse del control que efectivamente se ejerce.

La cronología de su salida de las empresas ferroviarias es consistente con ese patrón. O’Toole renunció al directorio de Trenes Continentales el 31 de enero de 2018 —quince días después de que Jorge Nelson Serrate Stelzer fuera designado Director Titular de esa sociedad—. Sus poderes fueron revocados formalmente en agosto de 2018, el mismo mes en que Cruzat presentó la denuncia criminal en Santiago. Ignacio Bedoya Sáenz, quien reemplazó en el directorio de FOSA a Serrate Valdivia —el mismo que había cofundado OTZ con O’Toole en 1991. Serrate Valdivia ostenta además, al momento de esta investigación, el cargo de cónsul honorario de la Federación de Rusia en Santa Cruz de la Sierra. El paralelismo con OʼToole, su primer socio boliviano, también cónsul honorario, no consta en ningún documento judicial de los tres procesos abiertos— el 16 de febrero de 2018 y fue identificado posteriormente como vinculado a Gill, adquirió en enero de 2023 a través de la corredora Larraín Vial las acciones de Inversiones Ferroviarias Bolivianas Limitada en la subasta judicial fijada en USD 3 millones, la misma que la Corte de Apelaciones de Santiago anuló en noviembre de 2025.

La red empresarial: un holding con administración centralizada

El vínculo de O’Toole con Carlos Gill no se limita a la estructura accionaria de FOSA. Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia lo identifica como secretario de Sunstripes Investments AVV, sociedad registrada en Aruba que, según los documentos revisados, fue el vehículo de adquisición de los medios ATB y La Razón. La UIF documentó desembolsos superiores a 14,8 millones de dólares entre septiembre de 2008 y enero de 2009, provenientes presuntamente del programa venezolano “Bolivia Cambia Evo Cumple”, y calificó la operación como “inusual y sospechosa”, señalando que la red societaria tenía por objeto ocultar a los beneficiarios finales. Esa operación ocurrió el mismo año en que O’Toole y Gill adquirieron el control de FOSA a través de Yulara Inversiones. Carlos Alejandro Serrate Valdivia —cofundador de OTZ en 1991— figura también entre los allegados de Gill identificados en esa investigación.

El control sobre el ferrocarril y la red empresarial de O’Toole tenían además una dimensión vertical. La Sociedad Agroindustrial Itikaguazu S.A. —empresa cuya planta de 110.000 metros cuadrados está ubicada en el Barrio Ferroviario de Villa Montes, equipada con una balanza ferroviaria de 80 toneladas y diseñada desde su constitución en 2004 para operar con el ferrocarril— registraba a FOSA como acreedor en sus estados financieros desde sus primeros años.

La historia de la planta tiene un detalle que los documentos judiciales no recogen pero que la propia empresa consigna en su sitio web. La Fábrica de Aceites de Villa Montes fue construida entre 1975 y 1977 por la compañía belga DESMET para la Corporación de Desarrollo de Tarija, CODETAR, con una capacidad de molienda anual de 100.000 toneladas métricas. Tras pasar por sucesivas administraciones públicas y privadas, terminó en manos del Banco BISA, que en 2004 decidió venderla. El comprador fue, según la descripción del propio sitio web de ITIKA, “un grupo de empresarios tarijeños” que representaban a la Sociedad Agroindustrial Itikaguazu S.A. La caracterización es parcialmente exacta: César Milciades Peñaloza Avilés, nacido en Tarija el 3 de marzo de 1951, encaja en ella. Pero O’Toole —irlandés, domiciliado en Santa Cruz, formado en Londres y Galway— no. La cara pública del grupo ante la región era tarijeña; el control efectivo se ejercía, como en OTZ y en FOSA, desde una posición que los registros visibles no reflejaban. El sitio web de la empresa que O’Toole controló durante más de dos décadas lo borra del relato fundacional de la misma forma en que él mismo intentó borrarse de OTZ ante los tribunales: presentando como ajeno lo que era propio.

Esa venta de 2004 tiene además una dimensión que el expediente judicial boliviano no ha conectado públicamente. El banco que en ese año le cedió la planta —Banco BISA S.A.— es el mismo que catorce años después, en noviembre de 2018, obtuvo el embargo preventivo de la totalidad de las cuotas de O’Toole en OTZ Ltda. y en Empresa Constructora Río Tinto S.A. por una deuda de 3.278.934 bolivianos. Y es también el mismo banco con el que O’Toole y Peñaloza gestionaron conjuntamente los créditos de ITIKA durante más de dos décadas, hasta que Peñaloza capitalizó deudas de la empresa con ese mismo banco para desplazarlo. BISA aparece así en los dos extremos de la trayectoria boliviana de O’Toole: como habilitador en la entrada, en 2004, y como acreedor en la salida, entre 2018 y 2026. Que ningún documento judicial boliviano haya trazado esa línea no es sorprendente: es el mismo patrón de compartimentos estancos que caracteriza los tres procesos abiertos.

Al 31 de marzo de 2009, cuando O’Toole aún no formaba parte del grupo que controlaba FOSA, la deuda de Itikaguazu con la ferroviaria era de cero bolivianos. Al 31 de marzo de 2010 —el primer ejercicio completo tras la adquisición de FOSA por Yulara Inversiones— esa deuda había saltado a Bs 1.540.750. O’Toole estaba entonces en los dos lados de la misma transacción: parte del grupo que controlaba el ferrocarril y accionista mayoritario de una empresa que usaba sus servicios de transporte, pero que no le pagaba.

ITIKA no operaba de forma aislada. El perfil profesional de un ingeniero de sistemas que prestó servicios tecnológicos al grupo entre 2014 y 2017 la identifica como parte de un holding que incluye Silo Guazu —almacenamiento de granos, Santa Cruz—, Constructora OTZ y Constructora Río Tinto —La Paz—, Productos Lácteos Lesama —Pailón— y una entidad de servicios compartidos en Santa Cruz. La existencia de esa entidad es incompatible con la caracterización sostenida por O’Toole en sede judicial: un holding con administración centralizada no es una cartera de participaciones pasivas. El circuito que ese holding describe —soya almacenada en Santa Cruz, procesada en Villa Montes, transportada por el ferrocarril— tenía a O’Toole en todos sus nodos. El holding, según ese perfil profesional, comprendía las siguientes empresas:

O’Toole no controlaba ITIKA a título personal sino a través de dos vehículos: AMTRAC S.R.L. —empresa que él mismo fundó, con el 40,12% de las acciones de ITIKA— y Aldi Inversiones Ltda., a través del cual representaba un 18,10% adicional. Esa estructura de doble vehículo sostuvo su posición durante más de dos décadas sin que los registros públicos reflejaran su nombre directamente en los porcentajes más significativos. La descripción que la empresa hace de sus propios orígenes confirma ese diseño. El sitio web oficial de ITIKA presenta la adquisición de 2004 como obra de “empresarios tarijeños”, sin mencionar en ningún momento al irlandés que controló la sociedad durante dos décadas a través de sus dos vehículos. No es un olvido: es el resultado natural de una estructura pensada para que el nombre del centro de control no aparezca en los registros visibles. Las primeras exportaciones de harina de soya, producidas en 2005, fueron a Chile —el mismo país donde, años después, se originaría la denuncia criminal que terminaría por nombrar a O’Toole como sindicado en el caso FOSA.

La empresa en cuyo directorio presidió durante años terminó en manos ajenas por un mecanismo que conocía bien. César Milciades Peñaloza Avilés —su socio más frecuente en ITIKA durante más de dos décadas, con quien alternó la presidencia y vicepresidencia del directorio, gestionó créditos ante el Banco BISA y compartió poderes generales de administración— capitalizó entre agosto de 2025 y febrero de 2026 deudas bancarias de la sociedad por más de 40 millones de bolivianos, convirtiéndolas en acciones. O’Toole, que no aportó capital en ese proceso, quedó diluido hasta desaparecer de la composición accionaria. Peñaloza controla hoy el 50,86% de ITIKA a través de Montecristo Inversiones y Desarrollo S.A., con un capital social que entre 2024 y 2026 se elevó de 39,4 a 80,1 millones de bolivianos.

Los registros notariales revelan que la salida de O’Toole de ITIKA no fue gradual sino abrupta. El 26 de octubre de 2018 presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas. Al día siguiente, el directorio encabezado por Peñaloza revocó y anuló la totalidad de sus poderes generales: una presidencia que duró menos de veinticuatro horas. Su vínculo con Lesama S.R.L., en cambio, se mantuvo: en abril de 2023 seguía firmando documentos societarios en representación de Aldi Inversiones, votando a favor de un incremento de capital financiado mediante capitalización de deudas —el mismo mecanismo que Peñaloza había usado para desplazarlo de ITIKA—. En esa asamblea, el apoderado de Peñaloza fue el único voto en contra.

Un nombre en los libros de gastos: Gravetal en el hilo conductor de O’Toole

En la auditoría tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales sobre la gestión 2015 de Itikaguazu S.A., resuelta mediante el Recurso de Alzada ARIT-CBA-RA 0017/2021, aparece un nombre que los documentos disponibles no habían situado antes en el entorno de O’Toole. La administración tributaria cuestionó una factura emitida por Hotelera del Plata S.R.L. —el Hotel Los Parrales— porque sus registros internos identificaban al beneficiario de los servicios de hospedaje y alimentación como Roberto José Manzanilla Barboza, cuya relación laboral con la empresa no pudo ser acreditada. Itikaguazu argumentó que el gasto correspondía en realidad al directivo Peter Joseph O’Toole Ford, atribuyendo la discrepancia a un error del sistema del hotel. La ARIT rechazó ese descargo porque las planillas internas de abonos bancarios del establecimiento identificaban inequívocamente a Manzanilla Barboza.

Lo que el proceso tributario no reflejó es que los registros corporativos de Gravetal Bolivia S.A. documentan a Roberto José Manzanilla Barboza como Director Titular y Vicepresidente de esa empresa entre julio de 2008 y junio de 2010: el período exacto en que Inversiones de Capital Inversoja S.A. tomó el control de Gravetal y en que Juan Valdivia Almanza, diputado del MAS, asumió la presidencia de ese directorio.

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La planilla de abonos bancarios del hotel incluye también a César Manuel Iglesias, ciudadano extranjero identificado con la Cédula de Extranjería No. E-0034428, quien en ese mismo período actuaba como representante legal de la Asociación Accidental AR.BOL, consorcio de infraestructura contratado por la Administradora Boliviana de Carreteras para obras en la carretera a Caranavi por más de $US257 millones. La naturaleza de su relación con ITIKA no consta en los documentos tributarios. AR.BOL acumuló durante el período 2012-2016 mora sistemática en impuestos vehiculares —en algunos casos superior a Bs 130.000 por unidad— y procesos coactivos en el Sistema Integral de Pensiones. Luego, en 2015, el Estado resolvió el contrato de construcción de la carretera a Caranavi por incumplimiento de Ar.Bol, lo que revelaría un patrón de incumplimiento con el Estado que reproduce la misma estructura de deuda sostenida que caracterizó a OTZ Ltda.

La sanción del Servicio de Impuestos Nacionales resultante para ITIKA fue de Bs 109.800. Manzanilla Barboza, cuyo nombre aparece en sus libros de gastos en 2015 habría sido Vicepresidente de Gravetal en el preciso momento en que los socios políticos del MAS tomaban el control de la principal empresa soyera del país, con dinero de la petrolera estatal venezolana, mientras Itikaguazu acumulaba su deuda con el ferrocarril que ese mismo O’Toole, en parte, controlaba. Los tres nodos —Gravetal, FOSA, Itikaguazu— convergen en el período 2008-2010, y el nombre que aparece en los registros tributarios de 2015 los roza a todos sin que ningún documento público explique la naturaleza de esa presencia.

Tres procesos abiertos en dos países, ninguno resuelto

La sentencia SCP 0899/2022-S3 tiene una ventaja singular respecto al resto de la documentación del caso ferroviario: es un documento público emitido por el máximo tribunal constitucional de Bolivia, con nombre completo del accionante, identificación de la empresa, descripción detallada de los hechos y razonamiento jurídico. No requiere protección de fuentes ni verificación adicional de su autenticidad. Es el activo documental más robusto incorporado al caso desde la perspectiva de la justicia boliviana, donde hasta ahora la acción penal había sido conducida exclusivamente por actores chilenos.

Cuotas embargadas
Transfirió OTZ a un desconocido con sus cuotas bajo embargo, veinticinco días antes de la condena.

Hay un elemento que los tres procesos no recogen. El 5 de marzo de 2021 —veinticinco días antes de que la Sentencia 20/2021 quedara firme— O’Toole y su esposa transfirieron la totalidad de sus participaciones en OTZ Ltda. a Lalo Bahoz Marzana, un empleado boliviano sin antecedentes públicos registrados domiciliado en Santa Cruz de la Sierra, quien recibió el 99% del capital social. La escritura dejó constancia expresa de que las cuotas transferidas permanecían bajo embargo judicial del Banco BISA. La empresa de la que durante dos décadas fue fundador y gerente pasó a manos de un tercero desconocido en las semanas previas a que sus obligaciones con los trabajadores adquirieran fuerza de sentencia. Juristas consultados por este medio coincidieron en que esa conducta de disponer de bienes sujetos a medida cautelar puede configurar el delito de alzamiento de bienes previsto en el artículo 227 del Código Penal, o desobediencia a resolución judicial conforme al artículo 161 del mismo cuerpo normativo. Ninguno de los tres procesos abiertos contra O’Toole recoge ese extremo.

El País remitió preguntas formales a O’Toole Ford en tres ocasiones antes de la publicación de este reportaje: el 8 de marzo de 2026, mediante correo electrónico a la oficina de prensa del Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda; el 16 y 23 de marzo, mediante correo electrónico directo a la dirección registrada de su consulado honorario; y el 23 de marzo, mediante carta escrita enviada a la sede del consulado en Santa Cruz de la Sierra. Ninguna de esas comunicaciones recibió acuse de recibo ni respuesta. O’Toole Ford y el gobierno irlandés tienen abierta la posibilidad de responder: cualquier declaración que formulen será publicada íntegramente en una pieza de seguimiento.

Al cierre de esta investigación, Peter Joseph O’Toole Ford es, simultáneamente: sindicado en una denuncia criminal en Chile por el caso FOSA —archivada provisionalmente, pero susceptible de reapertura con nuevos antecedentes, entre ellos el fallo de noviembre de 2025 que anuló la estructura accionaria objeto de esa denuncia—; sujeto a condena laboral en Bolivia derivada de la Sentencia 20/2021, de vigencia indefinida hasta su cumplimiento y cuyo pago no ha sido documentado públicamente; y socio fundador de una empresa cuyas obligaciones con sus propios trabajadores transfirió a un tercero desconocido veinticinco días antes de que la sentencia condenatoria quedara firme. El grupo empresarial del que formó parte hasta 2018 tiene su titularidad accionaria sobre el principal ferrocarril boliviano en situación jurídica indefinida desde noviembre de 2025. Los tres procesos están abiertos. Ninguno ha concluido.

La transferencia de OTZ que ningún proceso investigó

El 5 de marzo de 2021, veinticinco días antes de que la Sentencia 20/2021 condenara a Constructora OTZ Ltda. al pago de beneficios sociales con multa del 30%, Peter Joseph O’Toole Ford y su esposa transfirieron la totalidad de sus participaciones en la empresa a Lalo Bahoz Marzana, boliviano domiciliado en Santa Cruz de la Sierra. Bahoz Marzana recibió el 99% del capital social. La escritura de transferencia dejó constancia expresa de que las cuotas transmitidas permanecían bajo embargo judicial del Banco BISA S.A., decretado en noviembre de 2018 por una deuda de 3.278.934 bolivianos.

La operación tendría potencial relevancia penal que ninguno de los tres procesos abiertos contra O’Toole ha recogido. El artículo 227 del Código Penal boliviano tipifica el alzamiento de bienes como el acto de disponer fraudulentamente de bienes propios en perjuicio de los acreedores. El artículo 161 del mismo cuerpo normativo sanciona la desobediencia a resolución judicial. Ambas figuras serían aplicables, en principio, a quien transfiere cuotas societarias que constan expresamente bajo medida cautelar (salvo que el acreedor dé su consentimiento) en las semanas previas a que una condena de pago quede firme.

No es la primera vez que O’Toole opera por detrás de un tercero interpuesto. En ITIKA, su control efectivo se ejerció durante años a través de AMTRAC S.R.L. y Aldi Inversiones Ltda., sin que su nombre figurara directamente en los porcentajes más significativos. En FOSA, el grupo sostuvo ante los demandantes que sus disputas internas eran ajenas a la empresa adquirida. La transferencia a Bahoz Marzana reproduce esa lógica en su expresión más directa: desplazar el nombre del centro de control en el momento preciso en que la responsabilidad se tornaría exigible.

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