Sin capital, sin pago, sin dueño: la trama judicial de Ferroviaria Oriental

El 17 de noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de nulidad que retrotrajo cinco años el expediente del juicio ejecutivo ROL 19076-2006, tramitado en el 9° Juzgado Civil de Santiago. El fallo anuló la subasta de 14,482,642 acciones de Inversiones Ferroviarias Bolivianas Limitada, la sociedad chilena que —a través de una cadena de tres empresas intermedias— otorga el control del 50.00035% de Empresa Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA), la principal red ferroviaria del oriente boliviano. La subasta, realizada el 12 de enero de 2023, había adjudicado ese paquete accionario por tres millones de dólares a Ricardo Bedoya Sáenz, a través de la corredora Larraín Vial. Fuentes jurídicas con acceso al expediente señalan que Bedoya Sáenz está vinculado a Carlos Enrique Gill Ramírez, el empresario paraguayo-venezolano que preside el directorio de FOSA desde 2009. Tanto Gill como Peter O’Toole y otras personas citadas en este reportaje han declinado dar declaraciones a este medio.

Para entender el fallo, es necesario rastrear una historia que comienza en 1996, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada dividió la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) en dos concesiones: FOSA y Ferroviaria Andina S.A. (FASA). El grupo chileno CB Inversiones T e I S.A., controlado por el empresario Manuel Cruzat Infante, adquirió participación en FOSA a través de la sociedad Inversiones Ferroviarias Bolivianas Limitada (IFB), que poseía el 67.54% de Transportes Ferroviarios S.A., que a su vez participaba en Trenes Continentales S.A., propietaria del 50.00035% de FOSA.

Una venta que los acreedores no autorizaron

En el año 2000, CB Inversiones vendió esa cadena accionaria a la sociedad Genesee & Wyoming Inc. (G&W), empresa ferroviaria estadounidense que adquirió la participación a través de su filial chilena. El precio total fue de USD 19.4 millones. G&W pagó solo una parte al contado; el saldo de USD 12 millones de capital original impago, con intereses, debía cubrirse en tres años con los dividendos que FOSA distribuyera. Como garantía, CB Inversiones y sus cinco bancos acreedores —Santander Chile, Banco de Chile, Scotiabank, BCI y un quinto banco— obtuvieron una prenda sobre las acciones de Transportes Ferroviarios S.A. El contrato prohibía expresamente enajenar ese paquete sin el consentimiento de los acreedores.

G&W operó el ferrocarril durante nueve años sin amortizar el capital adeudado. Los pagos realizados correspondieron a intereses parciales en algunos ejercicios. En 2009, con el gobierno de Evo Morales consolidado y el anuncio de una posible renacionalización de las empresas capitalizadas en el ambiente político boliviano, G&W decidió retirarse. Transfirió su participación accionaria —las mismas acciones prendadas— a la sociedad YULARA INVERSIONES, cuyos socios eran Carlos Enrique Gill Ramírez y Peter Joseph O’Toole Ford, empresario irlandés radicado en Santa Cruz de la Sierra y cónsul honorario de Irlanda en Bolivia.

O’Toole no ejerció su control únicamente a través de YULARA. Desde octubre de 2009 integró el Directorio de FOSA como Director Suplente, ascendió a Director Titular en abril de 2010 y fue ratificado anualmente hasta 2016, ejerciendo además la Secretaría del Directorio en 2015. En Trenes Continentales S.A. —la sociedad boliviana que es el eslabón inmediatamente superior en la cadena de control de FOSA— fue Director Titular desde 2009 hasta su renuncia el 31 de enero de 2018.

• Lea también la segunda parte de esta serie: Bolivia puede recuperar sus ferrocarriles sin expropiar, pero el gobierno aún no actúa

La empresa pagó su propia compra

La venta fue irregular de acuerdo a la normativa vigente en un punto central: las acciones transferidas estaban prendadas a favor de CB Inversiones y de los cinco bancos, quienes no recibieron notificación. El contrato de prenda prohibía expresamente esa enajenación. Según fuentes jurídicas consultadas en Santiago con acceso al expediente del juicio ejecutivo, el precio de compra no fue cubierto con recursos propios de Gill y O’Toole sino con dividendos no distribuidos y futuros de FOSA. La empresa fue usada para pagar su propia compra. Ese mecanismo requirió, según las mismas fuentes, un acuerdo previo entre vendedor y comprador y una estructura jurídica sostenida por abogados chilenos que actuaban como representantes de las sociedades intermedias.

Para dotar de apariencia legal a la operación, en 2010 se convocó una Junta Extraordinaria de Accionistas de Trenes Continentales S.A. El orden del día incluía la aprobación de créditos entre sociedades con directores en conflicto de interés. La junta fue reducida a escritura notarial solo en parte: el punto sobre los créditos relacionados no quedó consignado. Entre 2010 y 2012, FOSA distribuyó dividendos cuantiosos; CB Inversiones no recibió pago alguno. La misma situación se mantuvo en 2016 y 2017. Desde 2003 hasta la actualidad, el acreedor chileno no ha recuperado el capital de la deuda.

Los números permiten dimensionar el esquema. Entre 2001 y 2015, Ferroviaria Oriental S.A. distribuyó aproximadamente USD 73 millones en dividendos. De ese total, unos diez millones correspondían a la participación ligada a la venta de CB Inversiones. Cruzat Infante recibió seis millones. La diferencia —USD 4 millones— es equivalente a lo que Gill y O’Toole pagaron a G&W por las acciones. La ecuación es directa: los compradores adquirieron el control de una empresa que generaba decenas de millones en dividendos, pagando con los recursos de esa misma empresa, sin capital propio y sin honrar la deuda que pesaba sobre las acciones desde el origen.

La denuncia que no llegó a juicio

En agosto de 2018, Cruzat Infante presentó ante la Fiscalía Regional Metropolitana de Santiago la denuncia criminal RUC 1801065413-7 contra Gill, O’Toole, el abogado Claudio Undurraga Abbott, el abogado Ignacio Echevarría Araneda —quien había sido director de Trenes Continentales S.A. en representación de CB Inversiones desde la fundación de esa sociedad en 1996, y continuó en ese directorio bajo el nuevo control de Gill, ascendiendo a Vicepresidente en 2011 y permaneciendo en ese cargo hasta su renuncia en noviembre de 2017, mientras percibía dietas de la misma estructura societaria que perjudicaba al acreedor que originalmente representaba— y la persona a cargo del registro de accionistas.

La denuncia invocaba los delitos de apropiación indebida y cohecho a funcionario público internacional. La Fiscalía archivó la causa provisionalmente. Gill y O’Toole no fueron citados a declarar; los dos abogados sí comparecieron. Echevarría había renunciado al directorio de Trenes Continentales nueve meses antes de que Cruzat presentara la denuncia. Fuentes consultadas indican que la denuncia puede reabrirse si se aportan nuevos antecedentes.

El juicio ejecutivo para el cobro de la deuda siguió su curso. La subasta de enero de 2023 fijó el precio de las acciones de IFB en USD 3 millones, cifra que contrasta con los USD 73 millones en dividendos que FOSA distribuyó en 14 años. El recurso de nulidad interpuesto en mayo de 2023 argumentó que el procedimiento fue ilegal. La Corte de Apelaciones le dio la razón en noviembre de 2025: anuló la subasta y todo lo actuado desde el 29 de mayo de 2015. Las acciones están en situación jurídica indefinida. Fuentes jurídicas estiman que el recurso de casación pendiente no tiene mérito para ser admitido. No hay fecha para un nuevo remate.

Lo que Gill no responde

Gill Ramírez respondió al fallo a través del sitio casocurauma.cl en enero de 2026. Afirmó que su participación personal directa en FOSA es del 10%, que el 50% pertenece a los trabajadores bolivianos a través de la Gestora Pública, y que la adquisición de 2009 fue una “transacción legítima entre privados” con G&W. Sobre la deuda con CB Inversiones, señaló que “cualquier disputa financiera previa entre G&W y terceros es ajena” a su grupo. No respondió a las diez preguntas que El País remitió a FOSA el 31 de octubre de 2025.

• Lea también: Bolivia descarrilada: la clave de la Gestora en el negocio del ferrocarril

La distinción que hace Gill entre participación directa y control societario requiere una precisión. El 10% que afirma corresponde a su tenencia directa de acciones. El control del 50.00035% de FOSA lo ejerce a través de la cadena: YULARA INVERSIONES → IFB → Transportes Ferroviarios S.A. → Trenes Continentales S.A. → FOSA. Son dos realidades que coexisten y que no se contradicen. La primera puede ser verdadera y la segunda también.

Gill preside también el directorio de Ferroviaria Andina S.A., la empresa concesionaria de la red ferroviaria occidental boliviana. Ambas concesiones —FOSA y FASA— vencen en los próximos años. El gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, que asumió el 8 de noviembre de 2025, designó como Coordinadora General Interina de la Unidad Técnica de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas a Cynthia Aramayo Aguilar, quien se desempeñó como Gerente General de FASA entre 2015 y enero de 2024, período en que Gill ejercía como presidente del directorio de esa empresa. Las concesiones que Aramayo deberá evaluar en su nuevo cargo son las de las empresas que hasta hace semanas dirigía como gerente.

La cadena chilena que controla el ferrocarril boliviano

El control de Ferroviaria Oriental S.A. no se ejerce directamente desde Bolivia sino desde una cadena de cuatro sociedades con sede en Chile. Comprender esa cadena es indispensable para entender por qué el litigio determinante del caso ferroviario boliviano se tramita ante tribunales chilenos.

El primer eslabón es Inversiones Ferroviarias Bolivianas Limitada (IFB), sociedad chilena de responsabilidad limitada que fue creada en los años noventa para canalizar la inversión del Grupo CB Inversiones en el ferrocarril. IFB posee el 67.54% de Transportes Ferroviarios S.A., también sociedad chilena.  Transportes Ferroviarios S.A. es el segundo eslabón. Participa en Trenes Continentales S.A., sociedad boliviana. Esta es el tercer eslabón. Trenes Continentales es propietaria del 50.00035% de Empresa Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA), el cuarto eslabón y la empresa operadora del ferrocarril.

Las 14,482,642 acciones cuya subasta fue anulada en noviembre de 2025 son acciones de IFB —la sociedad chilena del primer eslabón. Quien controla IFB controla, a través de la cadena, el 50.00035% de FOSA. Por eso el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago —un tribunal chileno— tiene consecuencias directas sobre quién dirige el principal ferrocarril de Bolivia.

La Gestora Pública boliviana posee el 49.91% restante de FOSA, en representación de los trabajadores bolivianos beneficiarios del Fondo de Capitalización Colectiva creado durante la capitalización de 1996. El 0.09% restante corresponde a otros accionistas minoritarios.

La situación actual es que el 50.00035% de FOSA está sin propietario consolidado hasta que se resuelva la situación procesal en Chile y se convoque un nuevo remate de las acciones de IFB.

^{Este reportaje periodístico tiene la finalidad de difundir en lenguaje accesible los resultados de investigaciones basadas en documentos disponibles de acceso público, tales como Estados Financieros, Auditorías externas a los Estados Financieros, Calificaciones de riesgo, Memorias Anuales, Prospectos de emisión de valores, reportes a entidades regulatorias, actas de juntas de accionistas, actas de reuniones de directorios, registros documentales de actividades empresariales, que incluyen testimonios notariales, poderes, informes de registro público, estudios de expertos y otros. Todos, sin excepción, auténticos y registrables.
Invitamos a los expertos del país o de fuera de nuestras fronteras que estén o no de acuerdo con parte o con todos los resultados difundidos, las conclusiones o enfoque de cada reportaje, a publicar sus criterios en la sección de comentarios, o, si ven por conveniente, hacerlo en forma privada al correo electrónico [email protected], aclarando si quieren mantener o no su nombre en reserva para aplicar las protecciones del secreto de fuente establecido en la Ley de Imprenta.
También invitamos a añadir sus propias investigaciones, análisis y conclusiones, las que publicaremos contrastando con las del equipo de investigación de El País, a cuyo efecto ofrecemos a nuestros estimados lectores suscritos el acceso a la base de datos que El País ha utilizado en cada caso, con la única condición de asumir formal y públicamente su compromiso de hacernos llegar los resultados y alcance de su trabajo en determinado tiempo a acordarse.
La finalidad última es la de informar objetiva y respetuosamente a la población boliviana que busca mejores días para su patria.}