Ferroviaria Oriental: Chile bloqueó acciones antes de junta ordinaria

El 10 de marzo de 2026, la abogada María Victoria Valencia Mercaido se presentó ante el 9° Juzgado Civil de Santiago en nombre del Banco de Chile. En el expediente que lleva 20 años abierto —ROL C-19.076-2006, caratulado “Banco de Crédito e Inversiones con Genesee & Wyoming-Chile S.A. e Inversiones Ferroviarias Bolivianas Limitada”— solicitó que el tribunal ordenara congelar las acciones de Transportes Ferroviarios S.A. (TFS) que otorgan, por cadena societaria, el control del 50,00035% de Empresa Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA), el principal ferrocarril del oriente boliviano.

Tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago del 17 de noviembre de 2025 —que anuló la subasta de enero de 2023 en la que esas acciones fueron adjudicadas por USD 3 millones a un comprador identificado como vinculado al presidente del directorio de FOSA, Carlos Gill Ramírez— la prenda original sobre los títulos había sido alzada, es decir, levantada. Sin esa garantía, el titular registral podría transferirlos libremente antes de que se convocara el nuevo remate ordenado por la Corte. La solicitud del banco lo expresa con precisión: “hay antecedentes que constituyen no solo presunción grave que el actual dueño de las acciones pudiese pretender enajenarlas”.

El tribunal preguntó: ¿quién es ese titular? La respuesta llegó de la propia empresa emisora, Transportes Ferroviarios S.A.: Ricardo Ignacio Bedoya Sáenz, RUT 48.118.742-7.

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El 17 de marzo de 2026, el juez del 9° Juzgado Civil dictó resolución con firma electrónica verificable ante el Poder Judicial chileno: “decrétese contra la sociedad Transportes Ferroviarios S.A. la medida precautoria de prohibición de inscribir cualquier traspaso accionario respecto de las acciones contenidas en los títulos 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 del Registro de Accionistas respectivo”.

Los registros de la ASFI documentan a Bedoya Sáenz como director titular y vicepresidente de FOSA desde el 16 de febrero de 2018. Los registros del mismo sistema lo vinculan a BNB Leasing S.A., subsidiaria de arrendamiento financiero del Banco Nacional de Bolivia, el mismo banco que prestó cientos de millones de bolivianos a Gravetal Bolivia S.A., principal cliente de FOSA en el sector agroindustrial.

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La medida precautoria del 17 de marzo no impide votar en una junta de accionistas, pero sí la inscripción de cualquier traspaso de los títulos bloqueados. Su existencia implica, para el mercado de valores de Bolivia, que el hombre que figura en los registros de TFS como titular de las acciones que otorgan el control de FOSA tiene esas acciones bloqueadas por un tribunal extranjero que las necesita disponibles para un nuevo remate judicial.

Al cierre de esta edición, ningún hecho relevante de FOSA ante la Bolsa Boliviana de Valores menciona la solicitud del Banco de Chile, la identidad de Bedoya como titular registral de TFS, ni la medida precautoria del 17 de marzo.

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La cadena que conecta Chile con Bolivia

Inversiones Ferroviarias Bolivianas Limitada (IFB) es una sociedad chilena que posee el 67,54% de Transportes Ferroviarios S.A. (TFS), también chilena. TFS es el mayor accionista de Trenes Continentales S.A. (TRECO), boliviana, con el 40,62% del capital. TRECO posee el 50,00035% de Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA). La cadena tiene cuatro eslabones; los dos primeros son chilenos.

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El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de noviembre de 2025 anuló la subasta de las acciones de IFB —el primer eslabón. La medida precautoria del 17 de marzo de 2026 bloquea los títulos de TFS —el segundo eslabón— cuyo actual titular registral es Ricardo Bedoya Sáenz. El producto de los tres porcentajes encadenados —67,54% × 40,62% × 50,00035%— es el 13,71% de FOSA como participación económica indirecta. Pero ese 13,71% es la palanca que activa el control operacional: quien controla IFB controla TFS, que es el mayor accionista de TRECO, que tiene la mayoría de FOSA.

El 49,91% restante de FOSA pertenece al Fondo de Capitalización Colectiva, administrado por la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo en representación de los beneficiarios de la Renta Dignidad. La Gestora tiene además USD 37,97 millones en bonos corporativos de la misma empresa. Es simultáneamente el segundo accionista y el principal acreedor financiero de una empresa cuya estructura de control está judicialmente bloqueada en Chile.

Cumbre en Santa Cruz, directorio en litigio

El 8 de abril de 2026, el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) celebraban en Santa Cruz de la Sierra una Cumbre Ferroviaria con estimaciones de inversión de entre 800 y 1.000 millones de dólares para el Corredor Bioceánico Central. La infraestructura que ese corredor necesita como columna vertebral son los 1.244 kilómetros de Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA). A las 15:00 del día siguiente, en la misma ciudad, la junta anual de FOSA elegía su directorio para la gestión 2026.

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Entre los ratificados figura Ignacio Echevarría Araneda, vicepresidente del directorio desde 2011 con 24 años ininterrumpidos en el cargo. Los registros del expediente ROL C-19.076-2006 documentan que Echevarría fue designado originalmente como director de Trenes Continentales S.A. en representación de CB Inversiones —el acreedor prendario original—, continuó en ese directorio bajo el control de Gill Ramírez y ascendió a vicepresidente en 2011, mientras CB Inversiones no recibía pago del capital de la deuda. La denuncia criminal presentada en agosto de 2018 ante la Fiscalía Regional Metropolitana de Santiago —RUC 1801065413-7, por apropiación indebida y cohecho transnacional— lo nombra entre los denunciados. La causa fue archivada provisionalmente. Echevarría fue ratificado el 9 de abril.

También votó a favor la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, administradora del ahorro previsional de 2,79 millones de bolivianos. El 24 de marzo, en carta dirigida a este medio, la Gestora había afirmado que “no tiene relación directa con el caso”. Veintitrés días antes de la junta, el 9° Juzgado Civil de Santiago había bloqueado las acciones del director titular elegido ese mismo día. La Gestora votó sin declarar conocimiento de ninguno de esos dos hechos.