Bolivia debate su ferrocarril mientras el fondo de pensiones financia al privado

El jueves 9 de abril, a las 15:00, la junta de accionistas de Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA) reanudará su sesión anual para elegir el directorio que gobernará la empresa durante el próximo año.

Entre quienes votarán está la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, que administra los ahorros de jubilación de 2,79 millones de bolivianos y posee el 49,91% del capital de la ferroviaria. Llegará con esa participación accionaria, con casi 38 millones de dólares en bonos de la misma empresa dentro de su cartera de inversiones, y con una posición oficial: que no tiene relación directa con el litigio que pone en cuestión quién controla el otro 50%.

El accionista que no se reconoce como tal

Esa posición está documentada en dos cartas remitidas a este medio. El 18 de marzo, el Gerente General de la Gestora, Marcelo Fernández Quiroga, indicó que las respuestas al cuestionario enviado por El País habían sido expuestas en la Audiencia de Rendición de Cuentas del 17 de marzo, y añadió que la institución “no tiene relación directa con el caso mencionado, no siendo parte de proceso judicial ni controversia financiera alguna”. El 24 de marzo, el Gerente Nacional de Inversiones a.i., Jorge Alejandro Zerdas Cisneros, amplió esa posición: la Gestora invierte en bonos de FOSA porque la empresa cumple con los requisitos regulatorios de oferta pública, y el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago “no tiene relación directa” con sus funciones.

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Lo que ninguna de las dos cartas explica es por qué esa posición en bonos casi se duplicó —de 23 a 38 millones de dólares— en los seis meses anteriores al fallo que anuló la estructura accionaria del principal emisor.

Para Edith Gálvez, analista de política económica, la pregunta de fondo es más amplia. “Las dos únicas redes ferroviarias sobre las que el corredor puede construirse llevan una década bajo el control operacional del mismo empresario privado. Ese empresario no construyó los rieles: los adquirió comprando participaciones a operadores anteriores. La infraestructura —las vías, los puentes, los terrenos— es y ha sido siempre del Estado boliviano. Lo que el Estado cedió en 1996, y no ha recuperado desde entonces, es el control de la operación.”

El regulador tampoco sabe

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), que supervisa las inversiones de la Gestora, respondió el 23 de marzo con dieciséis puntos técnicos. Confirmó que fiscaliza las inversiones de manera diaria y mensual, que el reglamento vigente data de 2017 con una modificación en 2024, y que la conformación del directorio de la Gestora “es potestad del Presidente del Estado Plurinacional y de la Cámara de Diputados”. No precisó si ese directorio —cuya ausencia bajo el gobierno actual ha sido documentada— ha sido observado por la APS como irregularidad institucional. También aclaró que una nota de alerta acerca del litigio chileno sobre FOSA citada en consultas previas “no cursó por la APS”.

El Ministerio de Obras Públicas, por su parte, respondió el 26 de marzo con una precisión que merece atención: ni el Ministerio ni la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) “recibieron una comunicación formal respecto al fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Santiago”. El ministro Mauricio Zamora Liebers añadió que los operadores ferroviarios son “sociedades anónimas con personería jurídica y gobiernos corporativos independientes”, y que la información sobre su composición accionaria debe consultarse directamente a ellas.

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De acuerdo a declaraciones de Zamora Liebers, el Estado que promueve el Corredor Bioceánico como proyecto de integración continental —con una Cumbre Ferroviaria realizada este miércoles 8 de abril en Santa Cruz de la Sierra, con estimaciones de inversión de entre 800 y 1.000 millones de dólares— no ha recibido comunicación formal sobre el fallo que dejó sin propietario jurídico consolidado al 50% privado de la empresa que operará ese corredor.

Gálvez señala que los números disponibles revelan la escala del problema. “En 2023, el paquete accionario que otorga el control operacional de FOSA fue rematado por tres millones de dólares. En los catorce años anteriores, esa misma empresa había distribuido 73 millones de dólares en dividendos. El fallo anuló ese remate por ilegal, pero la pregunta no desaparece: ¿en qué proporción ha participado Bolivia, a través de su fondo de pensiones, en la generación de esa riqueza, y en qué proporción lo ha hecho el operador que controla la empresa sin haber construido un solo kilómetro de vía?”

La junta y la aritmética del litigio

El 27 de marzo, la junta de FOSA aprobó distribuir Bs 3,4 millones en dividendos —el 95% de las utilidades de 2025— y suspendió mediante cuarto intermedio la elección de directores. La sesión se retomará el jueves 9 de abril. Quienes se presenten a votar por el paquete accionario cuya titularidad fue anulada judicialmente lo harán sin haber recibido ninguna comunicación de las autoridades bolivianas sobre el fallo de Santiago. Manuel Cruzat Infante, el acreedor chileno cuyo litigio originó la anulación, publicó una advertencia expresa: quienes voten o perciban los dividendos de ese paquete quedarán expuestos a acciones civiles y penales.

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La Gestora no ha informado a los trabajadores cuyos ahorros administra sobre ninguno de estos elementos. Sus estados de cartera más recientes disponibles públicamente datan del 30 de junio de 2025, cinco meses antes del fallo. El directorio que debería supervisar sus decisiones de inversión no ha sido formalmente constituido bajo el actual gobierno. Y el ministro de Economía que supervisa a la Gestora —José Gabriel Espinoza, quien durante siete años fue director suplente del directorio de FASA, la empresa hermana de FOSA bajo el mismo accionista privado mayoritario— no ha declarado conflicto de interés alguno.

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El Estado boliviano tiene casi 38 millones de dólares prestados a una empresa cuya estructura de control fue anulada judicialmente, posee menos del 50% de sus acciones sin capacidad de decisión, y esta tarde enviará a su representante a una junta en la que votará, junto a un accionista cuyo título sobre las acciones está en disputa, sobre quién dirige la empresa que conectará sus dos redes ferroviarias con el continente.

Ninguna institución consultada ha respondido qué hará con ese voto.

“Pedir transparencia sobre esa ecuación antes de comprometer 1.000 millones de dólares adicionales no es oponerse al corredor bioceánico”, dice Gálvez. “Es la condición mínima para que ese proyecto sirva a Bolivia y no solo a quienes ya llevan una década operando sus rieles. La diferencia entre un buen proyecto y un buen negocio para pocos depende de las condiciones que el Estado negocie antes de firmar. Y esas condiciones las definen hoy los mismos funcionarios que no han respondido.”